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12 de Marzo del 2001
Medida fue ampliada recientemente hasta marzo del 2001
Cómo opera la Ley del
Mono
Rebajas
en el cobro de derechos municipales y asesorías gratuitas
de arquitectos son algunos de los ganchos para que los propietarios
de viviendas ampliadas irregularmente cumplan con la normativa
vigente.
Claudio
Canales
Pese a la reciente aprobación por parte de
la Cámara de Diputados del proyecto que modifica la ley sobre
regularizaciones a la construcción de bienes raíces urbanos
sin las autorizaciones municipales respectivas -más conocida
como "Ley del Mono"-, las autoridades reconocen que aún existe
bastante desconocimiento respecto a cómo opera este cuerpo
legal y qué beneficios tendrá para los propietarios de las
viviendas beneficiadas.
La
medida permitirá que los más de dos millones de viviendas
que han sido construidas en forma irregular normalicen su
situación hasta el 31 de marzo del próximo año, si bien originalmente
el plazo para hacerlo vencía el próximo lunes.
Para
el vicepresidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara
Baja y co-autor de la ley, diputado Patricio Hales, dicho
cuerpo legal busca esencialmente "solucionar la situación
irregular en que se encuentran gran parte de las viviendas
pertenecientes a los sectores de más bajos recursos, cuyos
propietarios han construido sus viviendas sin la asesoría
de especialistas".
En
este sentido, el parlamentario destacó el gran desconocimiento
que existe entre la gente respecto a la imposibilidad de utilizar
todo el terreno que corresponde a una vivienda (situación
que dependerá de las disposiciones de cada municipio) así
como en lo que dice relación con la falta de seguridad que
puede significar "levantar" una vivienda sin el conocimiento
adecuado.
Por
tanto, y a fin de evitar problemas legales vinculados a una
ampliación ilegal, Hales reiteró la necesidad de que quienes
se encuentren en esta situación concurran a los municipios
respectivos para normalizar el caso de cada vivienda. Las
ventajas apuntan a evitar problemas legales futuros y contar
con la asesoría gratuita de arquitectos en el caso de aquellas
construcciones inferiores a los 100 mt2, a las que además
se les aplicará una reducción del 75 % en el pago de los derechos
municipales, mientras que en aquellas construcciones de más
de 100 mt2 llegará a un 50 %.
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POLEMICA
POR COMPETENCIA PROFESIONAL:
09
de Diciembre de 1999
"Ley del Mono" Divide a Ingenieros y Arquitectos
Colegio de Arquitectos se declaró en actitud "vigilante" frente
a cambios anunciados por el Gobierno y no descartó movilizaciones.
Ingenieros respaldan postura del Ministerio de Vivienda.
Los cambios que el Gobierno pretende hacer en la llamada "ley
del mono", que sanea las ampliaciones de viviendas o pequeñas
empresas hechas informalmente, motivaron una polémica entre
los colegios de arquitectos e ingenieros, que discrepan en
torno a quiénes son los profesionales competentes para llevar
a cabo este proceso.
Mientras los primeros plantean que se trata de un ámbito exclusivo
del ejercicio de la arquitectura, los segundos sostienen que
la regularización de las construcciones involucra a profesionales
competentes, figura que abarca desde arquitectos hasta ingenieros
civiles, ingenieros constructores o constructores civiles.
Este último criterio es el que adoptó el Ejecutivo en la enmienda
a la Ley 19.583 que envió al Congreso. Tras su aprobación
en la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el texto
deberá ser analizado por la sala.
Junto con ampliar el plazo para regularizar estas ampliaciones
del 31 de marzo del 2000 al 31 de diciembre del mismo año,
a solicitud de la Asociación Chilena de Municipalidades, el
mensaje enviado por el Presidente Frei al Congreso extiende
el beneficio a viviendas de hasta 100 metros cuadrados de
superficie (antes el límite era 70 metros cuadrados).
En el caso de las microempresas, se amplía el límite de la
medida de 200 a 300 metros cuadrados de superficie.
Sin embargo, la indicación que motiva la controversia es la
redacción de un nuevo inciso del artículo tercero de la ley.
Originalmente, la norma alude a que el proceso de regularización
deberá ser asumido por "profesionales competentes".
En particular, los arquitectos cuestionan el cambio en los
términos de confección de "planos de arquitectura elaborados
por un profesional competente a escala 1:50" por "planos generales
elaborados por un profesional competente a escala 1:50", lo
que en la práctica, en su opinión, implica una forma encubierta
para hacer entender por profesional competente, además de
arquitectos, a ingenieros civiles, ingenieros constructores
y constructores civiles.
A juicio del Ministerio de Vivienda, no obstante, existe evidencia
de que el proceso de regularización "se ha visto restringido"
por requerirse la contratación de profesionales arquitectos.
Según un oficio enviado desde el Minvu al Ejecutivo, es necesario
que expresamente se faculte a otros profesionales para poder
efectuar las regularizaciones.
"En la práctica, la confección de los planos y verificaciones
que exige la citada ley puede ser realizada por arquitectos,
ingenieros civiles, ingenieros constructores y constructores
civiles", concluye el documento ministerial.
Sin embargo, para el Colegio de Arquitectos es imposible afirmar
que el proceso de regularización se haya visto restringido
por la razón aludida sin pruebas objetivas, considerando que
la recesión económica afectó gravemente su actividad y que
el colegio ha creado en todo el país Servicios de Asistencia
Técnica (SAT) a costos rebajados para los casos que involucran
a familias de escasos recursos.
La posición del Colegio de Ingenieros, en tanto, ha sido explicitada
por su presidente, Máximo Honorato.
Según el titular de la orden gremial, sus asociados jamás
han pretendido ejecutar obras de carácter artístico o monumental,
así como los arquitectos tampoco han buscado intervenir en
el estudio y proyecto de obras civiles.
"Sin embargo, hay un campo intermedio en el cual ingenieros
y arquitectos podemos actuar legítimamente y en el que se
cuenta la regularización de construcciones", explica.
MINVU PLANTEA QUE CONGRESO DEBE RESOLVER
Para Sergio Henríquez, titular del Minvu, si bien la preocupación
de los arquitectos es atendible, el ámbito de acción de cada
especialista dependerá de la naturaleza del proyecto a regularizar,
ya que si se trata de una instalación industrial, por ejemplo,
tendría preemi-nencia un ingeniero antes que otro profesional.
Según el ministro, el criterio de la autoridad es facilitar
la implementación de la ley, dada la cantidad de construcciones
(se cree que el 40% del total existente en Chile) que se estima
requiere ser saneada, y ayudar a la gente, especialmente en
aquellos lugares apartados donde no hay arquitectos.
"Hay competencias que son exclusivas de los arquitectos y
que deben respetarse, pero hay otras competencias de otros
profesionales que también deben respetarse, eso es todo",
enfatizó.
El secretario de Estado se mostró partidario de que el tema
sea resuelto por el Congreso, sin perjucio de que haya una
revisión de lo ya aprobado por la comisión de Vivienda, "para
lo cual estamos disponibles".
Pero Patricio Gross, presidente del Colegio de Arquitectos,
estima que la actitud del ministro es "inaceptable", ya que
no corresponde que pretenda "lavarse las manos" en un tema
que es netamente técnico y que compete en forma directa a
su cartera.
El dirigente de la orden gremial - que agrupa a más de 6 mil
de los 7 mil 500 arquitectos que trabajan en Chile- cree que
el cambio impulsado por el Gobierno no sólo atenta contra
las atribuciones que la ley estableció para sus asociados,
sino que además afecta la seguridad de las personas y la calidad
de vida de las ciudades.
Ello, porque son los arquitectos los capacitados para interpretar
los proyectos arquitectónicos y garantizar una ampliación
hecha o una por iniciar.
En este sentido, planteó que no es posible desligar a los
arquitectos de las responsabilidades inherentes a la aprobación
de variables como adosamientos excesivos, rasantes sobrepasadas,
asoleamiento, cortafuegos, cambios de destino o correcta evacuación
de aguas lluvias.
Una asamblea del colegio, realizada el martes por la noche,
culminó con el respaldo a las acciones impulsadas por el directorio
contra la modificación legal. Los asociados se declararon
molestos y en estado "vigilante".
Incluso Gross advirtió que si hoy no hay una respuesta a sus
inquietudes, iniciarán movilizaciones para expresar su malestar.
DIRECTOR DE OBRAS: ARQUITECTO O INGENIERO
El Colegio de Ingenieros recuerda que la propia Odenanza General
de Urbanismo y Construcciones, en su artículo 1.1.2, define
como profesional competente al arquitecto, ingeniero civil,
ingeniero constructor o constructor civil, dentro de sus respectivos
ámbitos de competencia, y que para ejercer el cargo de director
de Obras Municipales se exige ser arquitecto o ingeniero civil.
Si ello es así, razona la orden, no es sostenible que quien
está habilitado para recibir las construcciones a que se refiere
la Ley de Urbanismo y Construcciones no lo estaría para actuar
como profesional competente en el caso de las construcciones
a regularizar por la llamada "ley del mono".
Incluso añade que otro inciso del ya citado artículo tercero
establece que "para su regularización, las construcciones
deberán contar con dotación de servicios sanitarios, no encontrarse
en áreas de riesgo de escurrimiento natural de aguas y cumplir
con las normas de seguridad contra incendio y estabilidad,
lo que deberá ser certificado por un profesional competente".
Nadie más que los ingenieros civiles, según el colegio, tienen
competencia en esas precisas materias.
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No
hay prórroga en ley del mono
Lunes 14 de enero de 2002
Orbe
Santiago.- El Ministro
de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales, Jaime Ravinet,
anunció que la vigencia de la llamada Ley del Mono no será
extendida después del 31 de marzo para las personas que deben
regularizar las ampliaciones que no cuenten con permiso municipal.
Por tal razón, el Secretario de Estado realizó un urgente
llamado a la población para acogerse a este beneficio, que
permite entre otras disposiciones cancelar sólo un cincuenta
por ciento de los derechos municipales en vivienda de menos
de cien metros cuadrados para todos aquellos que dibujen en
una simple hoja de matemáticas, las ampliaciones realizadas
en sus casas.
En compañía del Diputado PPD Alejandro Hales y del Presidente
de la Asociación Chilena de Municipalidades, Hernán Pinto,
el Ministro Ravinet indicó que la Ley del Mono no sólo beneficia
a las personas que ampliaron sus viviendas, sino también a
los miles de microempresarios, pues les permitirá regularizar
sus planes reguladores.
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